El Tribunal de Apelaciones se pronunció así en respuesta a un recurso de apelación presentado por dos hombres, Caleb Omar Idris y George Maina Njeri, contra el fallo del Tribunal Superior de Mombasa que, en 2016, desestimó una demanda de inconstitucionalidad contra la citada práctica alegando que los demandantes se sometieron de forma voluntaria a ese examen, tras ser denunciados por la policía, lo que legalmente invalidaba su demanda.  Durante esas pruebas, personal médico inserta sus dedos en el ano del acusado o pide a los hombres que se desnuden y se inclinen o tumben en sillones con estribos para examinar visualmente su región anal. Los funcionarios encargados de hacer cumplir la ley y que ordenan los exámenes afirman que, basándose en el tono del esfínter anal o en la forma del ano, se puede sacar conclusiones sobre si el acusado ha participado en prácticas homosexuales. Los expertos forenses rechazan tal afirmación. Sin embargo, el magistrado Alnashir Visram subrayó que esa decisión fue inconstitucional y, además, supone una violación de los derechos humanos. «La prueba no puede permitirse. Yo, por tanto, permito la apelación y anulo la decisión del Tribunal Superior»,

Hasta este fallo, Kenia era uno de los países donde se usan exámenes anales médicos, junto a Camerún, Egipto, el Líbano, Túnez, Turkmenistán, Uganda , Zambia y Tanzania, según la organización defensora de los derechos humanos Human Rights Watch. Los  hombres que han sufrido esta práctica la describen como una violación.

El Comité de la ONU contra la Tortura condenó el uso de los exámenes anales en Túnez en mayo de 2016, y el Servicio Europeo de Acción Exterior pidió a Túnez que deje inmediatamente de realizar estos exámenes en un diálogo UE-Túnez sobre derechos humanos en enero de 2017. En este país, el Consejo Nacional de la Orden Médica emitió una declaración (3 de abril de 2017), pidiendo que los médicos informen a partir de esa fecha a las personas, que tienen el derecho de rechazar el examen por lo cual deja abierta la posibilidad de que alguien acusado de conducta homosexual pueda «consentir» hacer un examen anal bajo presión de la policía, porque creen que su rechazo será usado contra ellos, o porque creen que demostrará su inocencia. También en el Líbano, el uso de los exámenes anales forzados disminuyó significativamente en 2012 cuando, en respuesta a una campaña de activistas contra las «pruebas de la vergüenza», el Sindicato Médico de Beirut emitió una circular llamando a los médicos a dejar de realizar los exámenes. Para los médicos, llevar a cabo tales exámenes es una violación de la ética médica, dijo Human Rights Watch. En ese sentido, la declaración de Túnez no va lo suficientemente lejos, aunque sea  un paso importante para poner fin a las «pruebas» degradantes, discriminatorias y no científicas de las pruebas de conducta homosexual que, además de no tener «ningún valor médico», la ONU considera inhumanas, crueles y degradantes, y están prohibidas por tratados internacionales contra la tortura y los derechos civiles. Violan la Convención contra la Tortura, el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos y la Carta Africana de Derechos Humanos y de los Pueblos..

El Comité contra la Tortura de las Naciones Unidas, «no tienen justificación médica y no pueden realizarse con el consentimiento libre e informado de las personas sometidas a ellos, quienes, en consecuencia, serán enjuiciados»