Hoy, 28 de junio, celebramos el Día Internacional del Orgullo LGTBI+. Es un día para reivindicar, para que celebremos las conquistas de los derechos que se nos han ido reconociendo tras años de esfuerzo, y para poner en evidencia las muchas carencias todavía existentes, aquí y en muchos lugares de todo el mundo.
Este es el motivo por el que hemos decidido concentrarnos ante la sede del Palacio de Justicia de Bilbao con esta pancarta; porque tenemos en Euskadi demasiados motivos para poner de manifiesto la insatisfacción y el enfado dentro del colectivo. Es más, tenemos una honda preocupación.
Podría pensarse que esta preocupación obedece a que sobre nuestras cabezas pende la amenaza de un posible futuro gobierno central de extrema derecha. Sin duda, es un foco muy relevante de desazón. Ahora mismo, la Ley 4/2023 para la igualdad real y efectiva de las personas trans y para la garantía de los derechos de las personas LGTBI está recurrida en el Tribunal Constitucional por la ultraderecha, que además quiere derogarla si alcanza el gobierno. Y el Partido Popular que va a su rebufo ya proclama que la derogará. Dan así satisfacción a las personas trans excluyentes, algunas muy poderosas, que con sus discursos públicos enfocan su violencia hacia personas que ya se encuentran socialmente en una situación de gran vulnerabilidad.
Pero, desgraciadamente, no nos hace falta esperar a que se produzca esta situación para constatar las dificultades existentes; tanto para que los partidos políticos cumplan con sus promesas, o hagan valer sus amenazas, como para que las normativas positivas en vigor se desarrollen y se apliquen.
Por ejemplo, este Palacio de Justicia alberga el Registro Civil de Bilbao que, como los otros Registros Civiles de nuestra Comunidad Autónoma, ha estado durante meses denegando y retrasando continuadamente la cita previa para los Expedientes B, entre los que se incluyen las peticiones para el cambio registral del sexo, aprobado en la Ley 4/2023, que entró en vigor el 2 de marzo.
Este retraso, las poco convincentes explicaciones y mínimas medidas adoptadas desde las instituciones con competencias para subsanarlo, estatales y autonómicas, junto al trato desafortunado dispensado a varias personas que quisieron ejercer este derecho por una parte del funcionariado de los registros, motivó al Observatorio Vasco LGTBI+ / Euskal LGTBI+ Behatokia a formular una queja sobre dicha situación ante el Ararteko.
Pero este Palacio de Justicia simboliza para nuestro colectivo una vergüenza aún mayor: la respuesta insatisfactoria de quienes han de dar trámite y administrar justicia respecto al conjunto de presuntos asesinatos que tuvieron lugar en Bilbao hace más de un año. Ante casos análogos, ha habido respuestas judiciales absolutamente opuestas: desde sobreseimientos libres, hasta la apertura de los correspondientes procedimientos por posible homicidio. Ante cinco muertes con un patrón común estas no se han acumulado y no se han podido investigar conjuntamente hechos que revelan y ofrecen indicios de un modus operandi reiterado y planeado por la persona encausada. Una práctica que entendemos resulta contraria al derecho fundamental a la tutela efectiva.
A familiares y amistades de las personas fallecidas, en varios de los procedimientos ni se les ha hecho ofrecimiento de acciones, ni se les han notificado resoluciones relevantes que tenían derecho a conocer y recurrir. La falta de interés y la actitud de desidia del ministerio fiscal es igualmente llamativa, cuando sería exigible y necesario que solicitara motu propio llevar a cabo todas aquellas diligencias de prueba que fueran pertinentes para que la investigación fuera lo más rigurosa posible y condujese al esclarecimiento total de los hechos.
¿Por qué esta escasa sensibilidad, por qué esta escasa protección?
Creemos se debe a que muchas personas que ocupan puestos en nuestras instituciones, y en el poder judicial parece evidente, ni se creen las leyes que defienden nuestros derechos, ni están formadas en diversidad sexual y de género. Además, tienen muchos prejuicios interiorizados que les impiden ser sensibles hacia las problemáticas de las personas LGTBI+.
Nos preguntamos si sus actuaciones serían las mismas si las víctimas hubiesen sido una decena de hombres o de mujeres heterosexuales, también usuarias de aplicaciones de citas y contactos, en lugar de hombres que mantenían relaciones afectivas y sexuales con otros hombres.
Respecto a algunas otras instituciones, esa desidia es una actitud demasiado evidente. El Ayuntamiento de Bilbao no se planteó siquiera personarse como acusación popular en este caso, como si ha hecho en otras circunstancias en las que ha habido muertes violentas. En relación al colectivo LGTBI+ parece limitarse a hacer campañas de marketing para atraer turismo gay a la villa. Un ejemplo claro de pinkwhasing institucional. También seguimos esperando concrete un plan municipal efectivo de actuación preventiva ante los incidentes y delitos de odio por orientación afectivo-sexual, identidad de género y características sexuales.
En Euskadi, en general, la situación no es tampoco halagüeña a nivel legal.
La segunda reforma en curso de la Ley trans vasca de 2012 lleva mucho tiempo cocinándose en el Parlamento Vasco, pero no acaba de tramitarse. Peor aún, el contenido del proyecto presentado, salvo que introduzca finalmente enmiendas que se han planteado para su mejora, solo contribuirá a facilitar algunos aspectos la vida cotidiana de las mujeres y hombres que se identifican como transexuales, algo importante y necesario pero insuficiente, porque marginará y excluirá a las personas que no encajan en esa dicotomía binaria, trans, intersex, agénero, género fluido…,no binarias.
Tampoco el actual Gobierno Vasco tiene intención de dotar a nuestra Comunidad de una Ley Integral Vasca LGTBI+, que en caso de derogación de la Ley estatal permitiría que muchos derechos quedaran garantizados en Euskadi. Y que posibilitaría el desarrollo de todos los aspectos que corresponde asumir a nuestra Comunidad Autónoma en el marco de sus competencias.
Desde este Observatorio seguimos insistiendo en su necesidad. En evitar nuestra actual dependencia de lo que se decida en Madrid. Por ese motivo nos entrevistamos en noviembre pasado con representantes de todos los grupos parlamentarios en Vitoria que votaron favorablemente la Ley 4/2023 en el Congreso.
En ausencia de una Ley específica, venimos trabajando sin descanso desde Behatokia para proponer enmiendas en todas las proposiciones y proyectos de ley a debate en el Parlamento Vasco sobre los grandes ámbitos de interés general (educación, salud, cooperación, deporte, memoria histórica…), para que las personas LGTBI+ y sus derechos fundamentales se vean incluidas y reconocidos en las mismas.
Nos van a tener que escuchar de continuo, porque nuestro colectivo lo necesita, porque nuestros muertos lo demandan, porque la inacción política nos lo exige. Pegarnos contra un muro legal es nuestra especialidad, esto ha sido así siempre. Ninguna de las leyes que han reconocido nuestros derechos han sido fáciles de conseguir. Y tampoco son fáciles de aplicar. Este muro también lo saltaremos. Por la dignidad que hoy, 28 de junio, un año más reivindicamos.
