Desde Gehitu (Asociación de Gais, Lesbianas, Trans, Bisexuales e Intersexuales del País Vasco), entidad promotora de la acusación popular contra Nelson David Moreno Bolaños, y desde el Observatorio Vasco LGBTIAQ+ como federación que apoya esta iniciativa, solicitamos que este juicio oral sea suspendido hasta poder conocer cómo se pronuncia el Tribunal Constitucional (TC).

Como acusación popular presentamos recurso de amparo al TC porque valoramos que este caso se ha archivado sin llevar a cabo ninguna diligencia de investigación efectiva en relación con el homicidio acaecido. Esta decisión judicial la impugnamos porque supone, a nuestro parecer, una clara vulneración de derechos constitucionalmente reconocidos. Y nuestro recurso fue admitido a trámite por el Tribunal Constitucional. Confiamos sea estimado y reconozca tal vulneración. En tal caso, se requerirá al juzgado de instrucción responsable una investigación minuciosa de todas las circunstancias concurrentes que permitan esclarecer adecuadamente los acontecimientos, como hubiera sido deseable y pertinente haber llevado cabo desde el principio.

A nuestro entender la celebración de la vista oral programada carece de sentido por pura economía procesal. Desoye el mandamiento normativo que exige la minoración de tramites innecesarios que supongan una segunda victimización, y constituye una gestión de recursos públicos irresponsable. Es una opción ineficiente ante la posibilidad, que esperamos se confirme, de que nuestro recurso sea estimado y todo deba repetirse. Supondrá, de darse tal supuesto, no solo una pérdida de tiempo y de recursos materiales tanto del propio juzgado como de las partes, sino ahondar en el sufrimiento de las víctimas.

La actuación judicial en este caso y la inacción del ministerio fiscal, además de contravenir las exigencias normativas contempladas en el Estatuto de la Victima, han sido manifiestamente obstruccionistas en relación con la investigación de los fundados indicios existentes sugestivos de la comisión de un delito CONTRA LA VIDA, constituyendo una práctica forense inentendible y carente de una mínima sensibilidad hacia las víctimas. De llevarse finalmente a cabo la celebración de este juicio oral, focalizado en los delitos patrimoniales, contribuirá a su revictimización.

Solicitamos al ministerio fiscal colaborar con la acusación, en sus actuaciones y resoluciones futuras para esclarecer la verdad de los hechos, y a las juezas y jueces que, cumpliendo con sus obligaciones, no entorpezcan los procedimientos y actúen diligentemente. Tanto en éste como en todos los demás casos que están relacionados.

Es esencial que los operadores jurídicos se muestren comprometidos con la defensa de los derechos humanos en general y, por inclusión, con los de las personas LGBTIAQ+, en particular. Es el momento de demostrarlo en Bilbao y en A Coruña. Así como en todos y cada uno de los lugares donde hay personas que han perdido sus vidas o han estado en peligro de perderlas.

Las víctimas directas e indirectas merecen respeto.